• El Grupo Municipal del Partido Popular de Benicarló dará soporte parcial al texto de la Moción de Ciudadanos en la que se reclaman medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.

La ocupación ilegal de la propiedad privada es un alarmante fenómeno social consecuencia de una deficiente regulación jurídica que sería subsanable con mayor voluntad política. A esta circunstancia se suma la falta de información que la sociedad en general, y los afectados en particular, tienen acerca de este tema, debido a las implicaciones legales que conlleva la ocupación.

Desde el punto de vista jurídico, ante una ocupación ilegal cabe acudir a la vía civil o a la vía penal. La vía penal es articulada habitualmente como delito de usurpación y, en la tutela jurídica que ofrece, además de no comportar una solución general que sustituya a los mecanismos civiles para la defensa de los derechos posesorios, los plazos tienen mayor duración que en la vía civil, suelen quedar limitados a los supuestos de violencia o intimidación sobre el titular, y los jueces suelen desestimar las medidas cautelares para el desalojo antes del juicio.

En la vía civil, la Ley 5/2018, de 11 junio 2018, introdujo modificaciones en la Ley procesal civil, si bien no son aplicables a las personas jurídicas, ni a los locales o fincas, siendo solo aplicables a las viviendas. Las principales novedades legislativas consisten en que en la demanda dirigida contra los ignorados ocupantes se pueda solicitar la inmediata entrega de la posesión de la vivienda si los ocupantes no aportan en plazo de cinco días el título que justifique su situación posesoria, y se pueda acordar el desalojo mediante Auto, contra lo que no cabe recurso alguno. Asimismo se establece la posibilidad de dictar sentencia sin juicio si los ocupantes no contestan a la demanda, cuya sentencia se podrá ejecutar de forma inmediata. No obstante, la práctica procesal demuestra que dicha modificación legal ha resultado insuficiente, demorándose los procesos civiles entre 9 meses y un año, siendo necesarias medidas urgentes de agilización procesal.

Respecto a las concretas propuestas del texto de la Moción registrada por el Grupo municipal de Ciudadanos, el Grupo municipal del Partido Popular de Benicarló considera que no procede proponer la elaboración de un Plan Municipal ni el refuerzo de competencias municipales, ni la subrogación municipal en las acciones de los propietarios, pues las competencias legislativas corresponden al Estado, y las acciones judiciales corresponden a los propietarios. De otra parte, la propuesta de inmediata restitución de la vivienda si no se acredita por el ocupante el título que justifique la situación posesoria fue ya introducida en la última reforma procesal.

El Grupo municipal del Partido Popular de Benicarló comparte que se requiere instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales para promover nuevas reformas legislativas para garantizar el derecho a la propiedad privada y que sean eficaces contra la ocupación ilegal, y en dicho extremo, dará soporte a la Moción presentada, si bien solicitará una ampliación para que dicha reforma legislativa que se propone incluya a las personas jurídicas titulares de inmuebles, y se amplíen los supuestos a locales y fincas.