Compromís: “el Estado no debería haber permitido que el mantenimiento del Castor lo pagaran los consumidores”

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  • La coalición pide responsables y recuerda que el PP evitó una comisión de investigación en el Senado sobre estos hechos de forma cómplice y que vetó la moción de Compromís que reclama su desmantelamiento inmediato a cargo de la concesionaria

 

Madrid, 15 noviembre de 2018

Los senadores de Compromís, Carles MuletJordi Navarrete, han pedido esta mañana “la asunción deresponsabilidades” tras conocerse la Sentencia del Tribunal Supremo que establece que los consumidores no deben asumir los costes de mantenimiento de la planta, que llevan asumiendo desde su cierre en 2014 tras provocar movimientos sísmicos y que fue construida por Escal UGS (ACS). 

Navarrete ha defendido que “desde Compromís llevamos mucho tiempo pidiendo el desmantelamiento de la planta. En el Senado ya exigimos recientemente su desmantelamiento y que se realizara una auditoría para conocer los derechos reales de la concesionaria ante una planta que no funcionaba correctamente para lo que fue diseñada, de manera que al margen de un más que probable erróneo diseño y construcción, se pudieron dar graves negligencias tanto al persistir en los trabajos de inyección del gas como al compensar de forma exprés y sin las auditorías suficientes a la empresa que desarrolló este fracasado proyecto energético, así como cargando en las facturas a los consumidores mantener en pie el mayor despropósito de la ingeniería española que ya debería estar desmantelado”.

Además, ha recordado que “ya advertimos a Sánchez que tenía que reconducir la situación de esta planta ante este fiasco energético, al que Compromís siempre se ha opuesto y se invierta la tendencia del silencio oficial y tirar tierra por encima que hasta el momento ha existido con el almacén y atienda las peticiones de los grupos y de los parlamentos catalán y valenciano”.

Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, los usuarios del gas han pagado una suma cercana a los 200 millones de euros por el mantenimiento de la planta. Por ahora la Sentencia ha establecido que el Estado debe devolver a los consumidores los costes de 2014 y 2015 por la ilegalidad del reglamento que creó y es previsible que esto ocurra hasta las últimas facturas del 2018 en miles de abonados al gas natural. “La Justicia por suerte está funcionando en esta materia y ha dado un duro revés a las retribuciones que marcó el Ministerio de Industria con José Manuel Soria a la cabeza, por lo que tanto PSOE como PP deberían hacer autocrítica y alguien debería dimitir, ya que son demasiados episodios penosos entorno a este fiasco energético en el que se hallan empastrados cargos de ambas formaciones”.

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