NOTA DE PRENSA

 

  • El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado hoy que con la llegada del anteproyecto de ley de Memoria Democrática a las Cortes Generales una de las múltiples enmiendas que se van proponer al texto afecta a la Sección 2ª Archivos y documentación, a partir del artículo 26 y siguientes, en lo referente al Centro Documental de la Memoria Histórica, el polémico “ Archivo de Salamanca”.

Según Mulet “ el texto del PSOE-UP ha perdido una oportunidad de oro para hacer efectiva  la restitución de la documentación robada existente en este archivo, nosotros vamos a proponer que se procederá al retorno a sus legítimos propietarios de los fondos incautados por el franquismo que continua en el Archivo General de la Guerra Civil, el cual efectuará copia de cada ejemplar retornado para facilitar su consulta. Es una falta de respeto que no se considere la ilegitimidad del Estado en almacenar una documentación robada a sus legítimos propietarios por unos golpistas. Esa documentación se incautó de manera ilegal, sirvió  para reprimir, castigar, asesinar incluso, a sus propietarios, que son víctimas del franquismo. Hoy en día con la digitalización documental, la ubicación del originar es testimonial, pero aquí hablamos de la restitución de bienes robados por los franquistas, entendemos no da lugar a debate. En la ciudad leonesa perfectamete pueden quedarse copias y los originales ser devueltos”

Mulet ha venido liderando desde la Cámara Alta la exigencia del retorno de esta documentación, después de las declaraciones del ministro de Cultura,  donde se abría a estudiar la devolución de dichos archivos correspondientes al País Vasco. Anteriormente el Gobierno, mediante respuestas escritas a Compromís, negó la devolución de dichos archivos correspondientes al territorio valenciano espoliados durante la Guerra escudándose en un Real Decreto que tuvo un plazo exprés por y que finalizó en 2010, mientras sí se retornaban a Catalunya.

Para Mulet, ahora que se pone de nuevo el contador en marcha, no hay excusa para este agravio,  y mediante esta ley hay que garantizar la  devolución de los Archivos de Salamanca pertenecientes a la Generalitat y ayuntamientos valencianos, petición que ya hicieron las Corts Valencianes por unanimidad en  2004, ahora con una ley que intenta hacer justicia y reparación con las víctimas, no puede dejar de lado a las víctimas del expolio patrimonial y documental.

A partir del 26 de abril de 1938 el bando franquista creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, encargada de requisar toda la documentación de organismos republicanos, partidos y sindicados desafectos al Movimiento nacional y susceptibles de suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos. De esta forma, la Generalitat o  decenas de ayuntamientos valencianos “sufrieron el expolio de sus papeles a toneladas”, entre ellos  Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigánim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, Sant Joan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, València, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva, Xàbia y Chiva, , particulares, entidades políticas y sindicales.

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