El Partido Popular de la Comunidad Valenciana está reclamando que la Generalitat Valenciana o los Ayuntamientos asuman sus obligaciones y competencias ante la apertura del curso escolar, solicitando que se realicen pruebas diagnósticas del COVID 19 a la comunidad educativa de forma continua y periódica, e incorporando enfermería escolar en todos los centros educativos.

La Conselleria de Sanidad no solo no ha acordado realizar pruebas diagnósticas a la comunidad educativa antes del inicio del curso escolar, sino que ha prohibido a los Ayuntamientos que lo han solicitado el poder realizarlas, no quedando garantizada la presencialidad segura en las aulas para alumnos, profesores y personal adscrito. Cabe recordar que la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la competencia de los Ayuntamientos en medidas de vigilancia en salud pública (art. 13.1), conforme a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los Ayuntamientos tienen responsabilidades en el control sanitario de escuelas (art. 42.3.c), debiendo recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Áreas de Salud en cuya demarcación estén comprendidos, y conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencia propia la protección de la salubridad pública (art. 25.2.j).

La Conselleria de Sanidad tampoco ha acordado la incorporación de enfermería escolar en todos los centros educativos para realizar acciones de asesoramiento, formación, control y detección precoz ante posibles casos de COVID 19, para que los protocolos y actuaciones se lleven a cabo por un profesional sanitario que coordine las acciones, pues los equipos docentes no pueden ni deben asumir dicha responsabilidad al carecer de la formación necesaria.

Estas medidas deben ser adoptadas de forma inmediata por el Consell, o delegadas en los Ayuntamientos, siendo sufragadas íntegramente con fondos públicos de la Generalitat Valenciana, dotando un fondo económico para tal fin.