NOTA DE PRENSA

 

  • La política de PSOE y Compromís da la espalda a una iniciativa del PP que pretende resolver el drama de “quienes no llegan a final de mes y sufren para pagar sus gastos”

  • Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, lamenta que “en el mejor momento económico de la Diputación, tenemos el peor proyecto político para la provincia”

El PSOE decidió castigar esta semana a las 60.000 familias afectadas por el paro o por un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) en la provincia después de negarse a inyectar 3,5 millones de euros en las empresas de Castellón. La iniciativa, presentada por el PP al pleno, planteaba rebajar el recargo que la Diputación Provincial cobra a más de 5.000 empresas. Una rebaja que se traducía en 3,5 millones de euros directamente ingresados en el tejido productivo y traducidos en empleo y oportunidades para “quienes no llegan a final de mes y sufren para pagar sus gastos”.

Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, ha lamentado que “en el mejor momento económico de la Diputación, con 60 millones de euros a su libre disposición, tenemos el peor proyecto político para la provincia”. PSOE y Compromís “bloquean cualquier tipo de iniciativa que suponga blindar al tejido productivo como medida eficaz para generar ocupación entre los parados de Castellón. Y este castigo se produce en un momento especialmente crítico provocado por una desaceleración económica que amenaza crisis con una pandemia que hunde cada día más la actividad productiva de nuestra provincia”.

Desde el Partido Popular, “proponemos políticas liberales, de inyección directa a quienes generan empleo y riqueza, quienes dan recursos y servicio. Porque en un escenario tan difícil como es al que nos enfrentamos, es necesario una ambición política que ponga en valor el talento, el emprendimiento y las oportunidades, no que las censure y castigue, como tristemente está ocurriendo”.

Para Aguilella, “la Diputación útil que PSOE y Compromís heredaron del PP se ha convertido en una sucursal bancaria de los intereses de Ximo Puig. En lugar de ayudar a las familias de Castellón, se dedican a subvencionar a la familia del presidente de la Generalitat y a financiar sus gastos”. Y ocurre precisamente en un momento en el que “es una obligación ayudar a los ayuntamientos, a las pymes, cooperativas y empresas para que mantengan abiertos sus servicios y mantener el bienestar y recursos de las familias. Su actividad es sinónimo de empleo, aunque PSOE y Compromís sean incapaces de ver que a mayor competitividad, mayores oportunidades”.