Los inquilinos de  36 chalets  de la urbanización Sierramar, situada en la avenida de la estación  de la CV-141 de Peñiscola se han encontrado con una grata sorpresa  inmobiliaria  que combina un procedimiento de embargo por parte de de la Sarch, una denuncia por una presunta estafa de alquileres a consecuencia de una demanda de la empresa  arrendataria  para proceder al desahucio a los residentes de la misma que dejaron de pagar la mensualidad en concepto de alquiler al no coincidir los contratos con la compañía.

A finales de abril del 2.021, una de las afectadas  al escuchar rumores que vivía en un chalet  en situación ilegal  se dirigió de forma voluntaria al registro de la propiedad de Vinaròs donde se quedó sorprendida, dado  que las viviendas  del residencial llevan en proceso de ejecución hipotecaria por parte de una entidad  bancaria desde el año 2018.
Seis de los damnificados han contratado un abogado de Benicarló, para personarse  en esta causa y dar constancia a la entidad bancaria  como también  al juzgado de Vinaròs que en la actualidad, lleva el proceso en el  que dichas viviendas no están desabitadas como se pensaba desde el banco.
Algunos de los inquilinos ponen de manifiesto al averiguar que los chalets no son propiedad de la compañía que aparece en el contrato de alquiler.
El abogado que representa  a los vecinos afectados al requerir  a la sociedad arrendataria  en base a que el  título alquila  viviendas que no son suyas. Cuatro de los afectados  proceden a interponer  denuncia penal contra esta empresa con domicilio fiscal en Vinaròs presentada el pasado mes de mayo del 2021.
Algunos vecinos  deciden defender sus derechos e ir contra la empresa.
El supuesto propietario  y el arrendatario  no coinciden por lo que todo el dinero  de los alquileres de los últimos meses y años  pagados, ha ido a parar  a una empresa que supuestamente  no tiene ninguna titularidad legal sobre las viviendas, si hay vínculos  entre ambas porque  pertenecen a la misma familia conocida en Vinaròs.
Los supuestos arrendatarios manifiestan que han prorrogado dichos contratos por el tema del covid por lo que no es cierto, dado que todos los contratos son con fecha anterior a la pandemia, es decir anteriores al marzo 2020.
Sólo tenían potestad  para ofrecer  las viviendas para alojamiento turístico  unos pocos meses  no para vivienda permanente como han venido haciendo.
Algún vecino incluso abandonado ya esta urbanización como inquilino de un inmueble para no verse envuelto en más problemas de los que hay.