Y EL PUEBLO PAGANDO

  • La sentencia del Tribunal Consitucional publicada hoy, en la que se anula el pago de semejante indemnización por el procedimiento de la máxima celeridad y la mínima transparecia, deja claro que Rajoy gobierna a favor de los poderosos y en detrimento del conjunto de la ciudadanía.

 

22/12/2017.

El PSPV-PSOE de Castellón, que celebra el fallo del Tribunal Constitucional que anula la indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas promotoras del almacén de gas Castor de Vinaròs, considera que con la decisión del alto tribunal adquiere rango de verdad judicial lo que el Partido Socialista ya advirtió en 2014, que el Gobierno de Rajoy no gobierna para el conjunto de la sociedad, sino para favorecer a los sectores más poderosos, a cuyo dictado parece actuar.

Como el PSPV-PSOE puso de manifiesto en 2014, estaba fuera de toda lógica que en un momento como aquel, en el que se estaba aplicando una despiada política de recortes sociales, se decidiera aprobar un decreto ley para tramitar por la vía de urgencia el pago de una indemnización multimillonaria, a todas luces, injusta. Una indemnización que adelantó el propio Gobierno mediante un acuerdo con algunas entidades bancarias, que de forma inmediata fue repercutida al recibo mensual de los usarios del gas natural, a los que se condenó a aportar una tasa obligada que se prolongará en el tiempo a lo largo de varias décadas.

El TC avala ahora el argumento del PSPV-PSOE que en 2014 se opuso al pago de la indemnización “con urgencia, nocturnidad y alevosía” porque no se daba en aquel momento ninguna circunstancia especial que aconsejera acometer el pago con la máxima urgencia.

Los socialistas de Castellón agradecen que el recurso que en su día interpuso del grupo parlamentario del PSC en el Congreso de los Diputados, haya ayudado a poner solución legal al atropello cometido por el Gobierno de Rajoy.

El PSPV pide que el PP aclare cuáles fueron los motivos que le llevaron a pagar de forma tan rauda y veloz una indemnización de 1.350,7 millones de euros a las empresas del señor Florentino Pérez. Lo que se imponía en un momento como aquel era realizar un análisis de la situación medioambiental, administrativa, jurídica y económica que se creaba a partir del momento en el que se produjeron los terremotos, para tomar una decisión con calma, que se ajustara al Derecho y a la lógica.