El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (CPBC) atraviesa una de sus etapas más críticas. La dirección del Consorcio ha estado bajo el mando de diputados cuyo curriculum carece de la formación académica y la experiencia profesional necesaria en gestión de empresas o en otras administraciones con un equipo de más de 200 trabajadores y un presupuesto anual de 23 millones de euros.
Es imperativo que asuntos tan fundamentales como la educación, la sanidad y las emergencias sean considerados de manera transversal. Solo así se podrá ofrecer un servicio público esencial que sea eficaz y eficiente para la ciudadanía.
Actualmente, el CPBC dispone de únicamente cuatro parques de bomberos profesionales, 5 parques de bomberos voluntarios, una sede en Alcora de Voluntarios de Protección Civil, y dos subcontratas con la empresa nacional MATINSA con la UML (Unidad Movil Logísica) donde “colocan” a alcaldes y concejales de pueblos del interior de la provincia como especialistas en maquinaria pesada y 4 BRAF (Brigadas Rurales de Atención Forestal) en municipios gobernados por el PP.
Todo este personal voluntario o subcontratado no son profesionales de las emergencias, no pasan ningún proceso de selección, los voluntarios cobran dinero en concepto de dietas, y no están obligados a actuar en emergencias.
Los parques de bomberos profesionales nos enfrentamos a tiempos de respuesta que superan una hora y media en cualquier punto de la provincia de Castellón. A diario, estos parques operan con personal mínimo y el departamento encargado de la formación, con solo un integrante, no cuenta con un plan formativo anual a pesar de que esta jefatura ocupa este puesto más de 15 años.
La dirección se comunica telefónicamente con los trabajadores, ofreciendo puestos de trabajo de manera arbitraria y el Jefe de Operaciones amenaza con denuncias infundadas.
Prácticamente la totalidad de los vehículos de los parques presentan deficiencias que no han sido reparadas durante años, y algunos ni siquiera pasan la ITV. Además, se nos obliga a vaciar los camiones de material, lo que lleva a que un solo bombero o bombera deba conducirlos, respetando así la masa máxima autorizada.
Los pliegos de compras de vehículos y equipamiento son elaborados por un bombero que actúa como suboficial, sin haber pasado por un proceso selectivo ni de formación, lo que plantea serios riesgos para nuestra operatividad.
En el Centro Provincial de Coordinación, los operadores/as de comunicaciones, que son quienes reciben y gestionan las llamadas de emergencia, ocupan sus puestos mediante un concurso de méritos, sin haber realizado exámenes ni cursos de nuevo ingreso, tal y como establece la ley. Nunca han recibido formación, carecen de un jefe o coordinador de sala, y son ellos quienes atienden las primeras llamadas de emergencia.
El Jefe de Operaciones ha manifestado en ocasiones que cuando un trabajador presenta demasiadas quejas, se le abre un expediente disciplinario independientemente de su resolución, y esto genera un clima de temor que mantiene a los trabajadores en silencio y con miedo.
Este ambiente pretende instaurar una política del miedo para desincentivar la participación de compañeros interinos en asambleas y manifestaciones. Sin embargo, este enfoque ha tenido el efecto contrario. Hoy, en presencia de la prensa, bomberos de diferentes Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Comunidad Valenciana se han reunido para denunciar la corrupción y la mala gestión de esta dirección.
Por todo ello, hacemos un llamamiento urgente desde la “Plataforma del cos únic autonómic”, establecer un cuerpo único de bomberos y bomberas profesionales en la
Comunidad Valenciana, que incluya una sección forestal profesional, un IVASPE de calidad con campos de prácticas, y recursos suficientes para garantizar tanto la
formación de nuevo ingreso como la capacitación continua. Es fundamental contar con un mando único autonómico en emergencias, con procedimientos de trabajo unificados, vehículos y materiales en condiciones óptimas, un departamento de prevención de riesgos laborales común y unas condiciones laborales acordes y justas.
