Los ciudadanos del Departamento de Salud de Vinaròs tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria segura, de calidad y en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano de la Comunitat Valenciana, independientemente de dónde residan.

La decisión de la Conselleria de Sanidad de eliminar las guardias localizadas de Medicina Intensiva, Microbiología y Hospitalización a Domicilio, junto con la drástica reducción de las de Otorrinolaringología y Urología, supone un nuevo debilitamiento de la capacidad asistencial de un departamento que ya arrastra importantes dificultades para atraer y retener profesionales sanitarios.

Muy grave resulta la supresión completa de las guardias localizadas de Medicina Intensiva. Hablamos de especialistas que intervienen en la atención de los pacientes más graves y complejos del hospital y cuya disponibilidad constituye un elemento fundamental de seguridad asistencial. En un departamento alejado de los grandes hospitales de referencia, reducir recursos destinados a la atención del paciente crítico supone asumir un riesgo innecesario e injustificable.

La retirada de las guardias localizadas de Microbiología y Hospitalización a Domicilio también puede afectar al seguimiento de pacientes complejos, al control de infecciones y a la gestión de tratamientos que requieren asesoramiento especializado.

Del mismo modo, la reducción muy significativa de las guardias de Otorrinolaringología y Urología puede retrasar la atención de determinadas urgencias que precisan una valoración especializada y aumentar el número de pacientes que deberán ser trasladados a otros centros sanitarios alejados de su entorno habitual.

Pero tan preocupante como el contenido de la medida es la forma en que se ha adoptado. Esta decisión ha sido impuesta unilateralmente desde la Conselleria sin consultar a los facultativos afectados ni a los servicios implicados, ignorando la opinión de los profesionales que conocen de primera mano la realidad asistencial del departamento y las necesidades de la población a la que atienden diariamente.

Resulta difícil comprender cómo puede adoptarse una medida de esta trascendencia sin contar con quienes tienen la responsabilidad de prestar la asistencia sanitaria y sin presentar públicamente informes técnicos que demuestren que estos recortes no van a afectar a la calidad asistencial. Los médicos no han sido escuchados y, hasta el momento, tampoco se han explicado de forma transparente los criterios utilizados para decidir qué recursos eran prescindibles y cuáles debían mantenerse.

Desde el Sindicato Médico queremos insistir en una realidad evidente: la calidad asistencial no mejora cuando se reducen los recursos disponibles. Ningún cambio organizativo puede alterar este hecho. Cuando hay menos profesionales disponibles para responder ante una urgencia, la capacidad de respuesta disminuye. Cuando desaparecen dispositivos asistenciales que aportaban apoyo y seguridad a los equipos de guardia, aumenta la presión sobre los profesionales y se reducen las garantías para los pacientes.

Esta medida llega, además, en un contexto de déficit crónico de especialistas, dificultades para cubrir plazas y creciente presión asistencial. Lejos de fortalecer el sistema sanitario, contribuye a hacerlo más frágil, más dependiente de derivaciones a otros hospitales y menos capaz de responder con rapidez y eficacia ante situaciones complejas.

Del mismo modo que nadie aceptaría que reducir el número de bomberos mejora la respuesta ante un incendio o que disminuir los efectivos policiales aumenta la seguridad ciudadana, tampoco es razonable sostener que contar con menos médicos de guardia va a beneficiar la atención sanitaria de la población. Los recortes pueden reducir costes, pero difícilmente pueden mejorar la asistencia.

Los vecinos de Vinaròs y de las comarcas a las que da servicio este hospital no son ciudadanos de segunda. Por eso rechazamos frontalmente esta reducción de facultativos de guardia que disminuirá la capacidad asistencial del departamento y exigimos la reversión inmediata de una decisión que supone menos especialistas disponibles, menos capacidad de respuesta y, en consecuencia, menos seguridad para nuestros pacientes.

La sanidad pública no se defiende eliminando recursos, sino reforzándolos. Y las decisiones que afectan a la asistencia no pueden imponerse desde un despacho sin escuchar a los profesionales que conocen la realidad de nuestros hospitales y a los pacientes que sufrirán sus consecuencias.