- La investigación se enmarca dentro del Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales
La Guardia Civil de Castellón, ha investigado a un hombre al cual se le atribuye la autoría de un incendio forestal declarado el pasado día 22 de junio en la zona del Puig del término municipal de Benicarló.
Los agentes de la Guardia Civil del SEPRONA como policía judicial específica de medioambiente tienen encargada la investigación de los delitos medioambientales y dentro de la aplicación del dispositivo específico establecido y de sus competencias inició una investigación primeramente en localizar el punto de inicio del incendio y posteriormente identificar al presunto responsable.
El incendio iniciado a las 13:30 horas del día 22 de junio, a causa de una hoguera “brasas” mal apagadas se propagó por la masa forestal afectando una superficie aproximada de 46 hectáreas, generando una importante alarma social y obligando la movilización de los servicios de urgencia.
Fruto de las investigaciones llevadas a cabo por El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil de Castellón, en unión con la Patrulla Seprona de San Mateo se ha podido identificar al presunto responsable de los hechos, en colaboración con los agentes medioambientales del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales encargados de llevar a cabo la investigación de las causas que produjeron el mismo.
Se ha procedido a investigar a una persona como supuesta autora de un Delito de Incendio Forestal por imprudencia.
Se instruyen diligencias remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Castellón y al Servicio Común Procesal de Asuntos Generales de Vinaroz.
Las actuaciones se enmarcan en el Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, desarrollado con la finalidad de prevenir este tipo de sucesos, reducir su incidencia y, en caso de producirse, investigar los hechos e identificar a sus responsables.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas dolosas pueden conllevar importantes consecuencias administrativas, civiles y penales. En función de las circunstancias concurrentes, las sanciones administrativas pueden alcanzar los 600.000 euros, sin perjuicio de la obligación de asumir los gastos derivados de la extinción del incendio, las correspondientes responsabilidades civiles por los daños ocasionados y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.
