VOX arremete en Vinaròs contra la regularización masiva de inmigrantes prevista por Sánchez: “Es un fraude político a todos los españoles”

• Josué Brito: “Regularizar a otro medio millón de inmigrantes ilegales es premiar la ilegalidad y traicionar a quienes cumplen la ley”

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Vinaroz ha registrado una moción para que el Pleno rechace de forma expresa la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales anunciada por el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez.

El portavoz de VOX en Vinaroz, Josué Brito, ha denunciado que esta medida “no es una solución humanitaria, es un fraude político que vuelve a lanzar el mensaje de que entrar ilegalmente en España tiene recompensa”.

“Cada regularización masiva es un efecto llamada. Cada efecto llamada genera más entradas ilegales. Y cada nueva oleada la pagan los españoles con más inseguridad, más presión sobre los servicios públicos y menos oportunidades laborales”, ha afirmado Brito.

VOX recuerda que desde 1985 España ha aprobado seis regularizaciones extraordinarias que no han frenado la inmigración ilegal. “No han solucionado nada. Han consolidado el problema y han debilitado el principio de legalidad”, ha señalado el portavoz.

“Mientras nuestros vecinos no pueden acceder a una vivienda, mientras las listas de espera sanitarias se disparan y mientras miles de españoles buscan empleo, el Gobierno decide ampliar la presión sobre unos recursos ya desbordados. Es una irresponsabilidad histórica”, ha añadido.

PRIMERO LOS ESPAÑOLES

La moción presentada por VOX en Vinaroz exige el rechazo inmediato de la regularización y reclama un giro radical en la política migratoria. Entre las medidas planteadas se incluyen:

• La repatriación de quienes accedan ilegalmente a España.

• La deportación de inmigrantes que cometan delitos graves o reiterados.

• La prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.

• La supresión de ayudas a inmigrantes ilegales, salvo asistencia humanitaria básica hasta su devolución.

• La eliminación de subvenciones a entidades que faciliten o promuevan la inmigración ilegal.

“Las ayudas públicas no son infinitas. Se sostienen con el esfuerzo de los españoles y deben destinarse, en primer lugar, a los españoles”, ha declarado Brito.

Asimismo, VOX reclama reforzar el control del padrón municipal, endurecer las medidas contra el fraude en extranjería y poner fin a cualquier política de efecto llamada.

“España necesita orden, legalidad y firmeza. No más puertas abiertas a la inmigración ilegal. No más privilegios para quien vulnera la ley. No más castigo para las familias trabajadoras”, ha concluido el portavoz.

VOX defenderá esta moción en el Pleno con el objetivo de que el Ayuntamiento de Vinaroz se posicione con claridad frente a una decisión que “pone en riesgo la seguridad, la convivencia y el futuro de los españoles”.

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MOCIÓN PRESENTADA POR VOX

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

El Grupo Municipal de VOX conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Vinaroz, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 28 de octubre de 2021 el Reglamento Orgánico Municipal, habiéndose resuelto las alegaciones presentadas y aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación del día 26 de Febrero de 2026, desea elevar las siguientes propuestas de acuerdo para su debate y votación en el Pleno.

MEDIDAS NECESARIAS ANTE LA REGULARIZACIÓN MASIVA DE INMIGRANTES ILEGALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 26 de enero de 2026 se anunció un acuerdo entre el Gobierno de España y sus socios parlamentarios para impulsar una regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, mediante Real Decreto, evitando deliberadamente el debate y la votación en el Congreso de los Diputados. Las personas interesadas deberán acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Este procedimiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica histórica de regularizaciones masivas promovidas por el bipartidismo, que desde 1985 ha llevado a cabo seis procesos extraordinarios, con más de 1,2 millones de autorizaciones concedidas, sin que ninguna de ellas haya resuelto el problema de la inmigración ilegal ni evitado su reiteración.

Por el contrario, estas regularizaciones han generado un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad, trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado, desautorizando a quienes cumplen los procedimientos legales, generando tensiones sociales evitables, dificultando la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), incrementando la inseguridad en nuestros barrios y pueblos y deteriorando la convivencia vecinal. Del mismo modo, la inmigración masiva sobrecarga de manera terminal los servicios públicos esenciales, tales como los servicios sanitarios, educativos, de seguridad, transporte, etc.; eleva exponencialmente la presión sobre la demanda de vivienda y ayudas al alquiler; y aumenta el gasto de todas las Administraciones Públicas.

Las declaraciones de las portavoces de Pedro Sánchez en un mitin en Zaragoza en las que manifiestan su deseo de “barrer de fachas y racistas con gente migrante”, “ojalá teoría del reemplazo” y “tras la regularización de inmigrantes, vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar”, y celebrando la regularización extraordinaria, evidencian el interés de ciertas élites políticas por alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles. Lo único que les importa es conservar sus privilegios, aunque el precio a pagar por los ciudadanos sea la inseguridad, la ruina y la degradación.

Asimismo, el discurso según el cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es falso tal y como demuestra entre otros el Informe sobre el Coste de la Inmigración publicado recientemente por la Fundación Disenso. Los datos demuestran que, salvo en casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava.

Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles. La mentira repetida durante años por los gobiernos del PP y del PSOE de que necesitamos millones de inmigrantes para sostener las pensiones es falsa y los datos muestran exactamente lo contrario: la inmigración poco cualificada no paga las pensiones, sino que genera déficit. Resulta contradictorio que, los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones, oculten que las tasas de desempleo de los extranjeros superan holgadamente a la de los españoles.

Con unas cifras desorbitadas de paro, uno de cada cuatro desempleados en España son extranjeros, España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos millones de parados españoles y cientos de miles de parados extranjeros.

Actualmente, más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra Nación sin trabajar, representando el 58% del total, alrededor de 7 millones de extranjeros. Si a estas cifras unimos la ausencia de prioridad nacional en el acceso a cualquier ayuda/prestación pública, vemos como no sólo estamos endeudando a los españoles de a pie, sino que además en no pocas ocasiones, se quedan fuera del reparto social. Este patrón no es exclusivo de España. Países con mayor tradición de análisis sobre el impacto fiscal de la inmigración han llegado a conclusiones similares.

En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas publicó un informe exhaustivo en el que se comparaban las aportaciones y gastos asociados a diferentes tipos de inmigración. El resultado fue contundente: los inmigrantes procedentes de países no occidentales generan cada año un déficit fiscal de más de 4.400 millones de euros. Este saldo negativo persistía incluso en la segunda generación. En Países Bajos, el CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis llegó a conclusiones similares. Según sus cálculos, los inmigrantes no occidentales y sus descendientes suponían un coste neto de 167.000 euros por persona a lo largo de su ciclo de vida. El estudio destacaba que, incluso cuando los inmigrantes poco cualificados encontraban empleo, sus aportaciones no lograban compensar el uso de servicios públicos a lo largo de toda la vida. Además, se observaba que los hijos de inmigrantes poco cualificados tendían a reproducir el mismo patrón, prolongando los déficits fiscales intergeneracionalmente.

En definitiva, mientras los españoles padecen una profunda emergencia social y económica, con cada vez menos poder adquisitivo, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad y abandonados a la inseguridad y a la falta de infraestructuras, este gobierno ha decidido avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos. El resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando el futuro de todos.

En VOX lo tenemos claro. España debe adoptar una política migratoria clara y firme: no debe regularizarse a ningún inmigrante ilegal, puesto que ello solo incentiva nuevas llegadas; y debe avanzarse en la repatriación de todos aquellos que residan en España de manera ilegal, garantizando así el respeto a la legalidad y la protección de nuestro Estado del Bienestar.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento Vinaros, insta al Gobierno de España a las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:

• Rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España impulsada por el Consejo de Ministros.

• Auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.

• Proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación, así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen.

• Proceder a la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya.

• Establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles. En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización.

• El Ayuntamiento de Vinaros manifiesta que ante el contexto de emergencia habitacional sin precedentes, una emergencia de inseguridad en nuestras calles y barrios y/o en otras localidades españolas, una emergencia en el acceso al empleo y en las condiciones laborales y una emergencia en el acceso a los servicios públicos esenciales, es necesario poner fin a cualquier política migratoria que contemple como necesaria más inmigración en este momento de saturación inmigratoria, así como cualquier regularización que se produzca a estos efectos.

• Implementar una política migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres.

• Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.

• Eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.

• Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

• Realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra Nación.

• Llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.

• Promover que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos en relación a las obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse.

• Promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles.

• Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

Fdo: Josué Brito