VOX Benicarló de la mano de Ulpiano Mayoral ha presentado al pleno de agosto del 2023 una moción para que el Ayuntamiento de Benicarló inste al gobierno a retirar la implantación
de peajes en autopistas y autovías en el 2024.
La moción cuenta con una exposición de motivos que narra cómo se ha llegado a la situación de tener que instalar peajes en nuestras carreteras en el 2024. En ella se narran las contradicciones del gobierno de coalición referentes a este tema, y se deja en evidencia la gran cantidad de dinero despilfarrado en “gasto político inútil” y en como ese gasto podría ser invertido en mejorar la vida de los españoles y, por tanto de los benicarlandos, invirtiéndolo en las carreteras y no atracando aún más los bolsillos de los ciudadanos mediante peajes.
A continuación, reproducimos la propuesta de acuerdo que debe ser aprobada o no por el pleno del Ayuntamiento.
1. Instar al Gobierno de la Nación a que retire del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España, informe a la Comisión Europea y dé traslado a todos los españoles de dichas actuaciones.
2. Instar al Gobierno de la Nación que se conforme tras las elecciones del 23 de julio a que se comprometa con todos los españoles a no implantar en toda la legislatura un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España.
3. Instar al Gobierno de la Nación que se conforme tras las elecciones del 23 de julio a iniciar un proceso de eliminación progresiva de todo el gasto político improductivo, así como de las duplicidades y organismos ideológicos sin utilidad pública con el fin de avanzar hacia una Administración eficiente, ágil y centrada en las necesidades reales de los españoles, garantizando el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad y la conservación y mantenimiento de las infraestructuras estratégicas y de transporte.
4. Instar al equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Benicarló a eliminar todo el gasto político improductivo, los organismos municipales sin utilidad pública y las subvenciones a sindicatos, a patronales y a entidades que promuevan actividades culturales que no respondan a un criterio de calidad, sino de control ideológico.
