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VOX logra que el Ayuntamiento de Benicarló apruebe la prohibición del burka y el niqab en edificios municipales

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El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Benicarló, Ulpiano Mayoral, ha señalado que “con esta decisión, Benicarló da un paso más en la defensa de la libertad, la seguridad jurídica y, especialmente, en la protección de la dignidad de la mujer en los espacios públicos”.

El Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero ha aprobado la propuesta presentada por VOX para prohibir el acceso a dependencias municipales a aquellas personas que porten prendas que oculten totalmente el rostro, como el burka o el niqab, o cualquier otro elemento de efecto equivalente.

Mayoral ha explicado que no se trata de una cuestión estética ni cultural, sino de principios básicos de convivencia, seguridad y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres”.

El concejal ha sido claro al afirmar que “el burka y el niqab no son simplemente prendas de vestir. Son, en muchos contextos, una expresión visible de una imposición cultural que borra el rostro de la mujer, la aparta del espacio público y convierte su identidad en algo secundario”.

Asimismo, ha recordado que “las instituciones públicas deben ser espacios donde la igualdad no sea negociable y donde la dignidad personal esté por encima de cualquier relativismo cultural”.

Seguridad y correcto funcionamiento administrativo

Mayoral también ha subrayado que la medida responde a criterios objetivos de seguridad y de correcto funcionamiento de la Administración. “Las dependencias municipales son lugares donde se gestionan expedientes, se manejan datos personales sensibles y donde los empleados públicos deben poder identificar con claridad a las personas que atienden. Si el rostro no es visible, la identificación se dificulta de manera objetiva”, ha indicado.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento tiene competencia para regular el acceso y uso de sus instalaciones dentro del marco legal vigente, siempre de forma proporcionada y razonable. “No estamos señalando a nadie por su religión o procedencia. Estamos estableciendo una norma general y objetiva que garantiza la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de los servicios públicos”, ha concluido.

 

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